Parentesco, matrimonio, propiedad y herencia en la Castilla altomedieval

Inmersos en la Tercera Revolución Industrial, nos encontramos en la era de la información, donde Internet está cambiando todos los esquemas conocidos (sociales, empresariales y de consumo). En este devenir, la propiedad intelectual y, particularmente, los derechos de autor también están sufriendo cambios a raíz de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios de compartir y transmitir las obras. El legislador europeo, en aras a proteger el desarrollo tecnológico, se inclinó por proteger a los prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI) mediante una exoneración...

Este libro surge de la necesidad de hacer que el consumidor comprenda la naturaleza, el contenido y el alcance (jurídico) de la publicidad digital que le comunica la empresa mercantil (comercial). Por eso, crea un deber jurídico. El deber de comunicación. La forma jurídica que hace que el consumidor recepcione, perciba y comprenda válidamente (jurídicamente) la (cada) publicidad digital empresarial. Haciendo que exista un acuerdo del lenguaje válido entre la empresa y el consumidor en relación con esa publicidad. Acuerdo que existe cuando exista el goce de los derechos y el...

La aprobación de la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) ha supuesto que todas aquellas intervenciones administrativas que limiten la libertad de establecimiento deben ser objeto de reconfiguración e incluso supresión, con la finalidad de eliminar las trabas administrativas que impiden la verdadera consecución de un mercado único en todo el territorio de la Unión Europea. En el concreto campo de la legislación comercial, la apertura de los denominados grandes establecimientos comerciales ha estado sometida desde hace dos décadas a un control autonómico a través de la...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.