Fundamentacion Juridica De La Ley Penal Juvenil

El libro responde a la pregunta que plantea en su título (¿Cómo poner en práctica el gobierno abierto?), mostrando como guía de trabajo a juristas interesados las múltiples aristas que presentan tanto el denominado «Gobierno abierto» como los «datos abiertos», términos relacionados con los primeros. Los trabajos, articulados en doce capítulos, dan respuesta a la interrogante del título mostrando dos respuestas básicas: las razones de la amplia aceptación que los términos tienen, y la advertencia sobre las lagunas, oscuridades y limitaciones que su regulación y práctica...

El 5 de agosto de 2018 se cumplieron veinte años de la promulgación de la Ley 472 de 1998, encargada de regular la acción popular y de grupo en Colombia. En lo que atañe a la acción popular, debe recordar-se que es originaria del derecho romano y que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX por el Código Civil. Sin embargo. luego de expedirse la Constitución de 1991, sufrió una importante transformación al ser elevada a rango constitucional. Este hecho ha permitido que en las últimas dos décadas se hayan generado relevantes desarrollos, discusiones y...

Teoría sobre la imposición al valor agregado no es un Tratado ni un libro de exégesis de la Ley del IGV, pero sí uno en el que se pueden encontrar nociones profundas, preguntas, respuestas y referencias a doctrina y jurisprudencia, que —sin duda alguna— irán en auxilio para entender lo que supone un Impuesto al Valor Agregado e interpretar con mayor solidez la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (IGV).

En el contexto de la globalización económica, la libertad de empresa y de competencia, y la participación de los particulares en el desarrollo de las funciones públicas, el Estado colombiano ha procurado fortalecer la contratación estatal. En este texto se analiza la forma como se han reformulado las instituciones de contratación estatal y también se reflexiona sobre la forma en que se debe estructurar el proceso contractual en las entidades, el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción en la contratación estatal.