El convenio regulador en las crisis matrimoniales

El estudio del Derecho Local se torna como una variable necesaria para la formación de los alumnos universitarios que tiendan a especializarse en el Derecho Público. De ahí que la elaboración de estos materiales nazcan con dos objetivos principales: de un lado, con la vocación de servir de base a ese trabajo del estudiante universitario -libre u oficial- que, junto a la memorización de unos contenidos mínimos e imprescindibles para la comprensión de la asignatura, debe profundizar en la materia propuesta a través de otras vías complementarias que no se limitan al referido...

Esta sexta edición proporciona un estudio actualizado del régimen jurídico de Internet y las actividades desarrolladas a través de las redes digitales. Junto a las alternativas de regulación de Internet, reciben especial atención cuestiones como: los servicios de la sociedad de la información, las plataformas en línea y las redes sociales; el régimen de responsabilidad por contenidos ilícitos en Internet; la protección de datos personales; las prácticas comerciales desleales y las restricciones a la publicidad y el comercio de ciertos productos y servicios, como los juegos de...

La responsabilidad patrimonial de los Estados por el daño que cause a los particulares su incumplimiento del Derecho de la Unión Europea ha sido una construcción jurisprudencial continuada durante treinta años por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este libro se pretende dar una visión clara y sintética, pero a la vez completa, de los muchos aspectos relevantes que presenta la operatividad de este principio del Derecho supranacional: en especial, su ámbito de aplicación, el difícil requisito de la violación suficientemente caracterizada, la remisión a las vías ...

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES TITULO PRIMERO DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FACULTADES CAPITULO I DE LA NATURALEZA Y OBJETO Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley.