Acciones de protección de la posesión

La utilización de un inmueble como vivienda exige no sólo la viabilidad material de éste, que posibilite un uso residencial, sino que requiere también que respete la legalidad urbanística, así como las normas de habitabilidad, seguridad y salubridad. El control del cumplimiento de estas normas corresponde a las Administraciones Públicas, a través del otorgamiento de las correspondientes licencias (de obras y de primera ocupación). El hecho de que un inmueble que pretende destinarse a un uso residencial no sea susceptible de obtener estas licencias administrativas determina la...

La economía y finanzas de los Gobiernos a nivel nacional y seccional son el fundamento para su plataforma y generación de progreso en los Estados. A nivel macroeconómico la modernización de la gestión tributaria permite dinamizar la economía, la cual solo se lograría con la simplificación de los procesos a nivel de cobranzas, la simplificación administrativa es un principio jurídico tributario a nivel constitucional ecuatoriano que en economía es sustancial para estructurar las arcas de un país. La aplicación del Principio de Simplificación Administrativa se encuentra en...

Con ocasión del primer centenar de volúmenes de la Colección Temas de Derecho Público y el vigésimo quinto aniversario del Instituto de Estudios Constitucionales, este número conmemorativo rinde un sentido homenaje a su fundador, el maestro Carlos Restrepo Piedrahíta. Las páginas que componen este número especial de la Colección reúnen comentarios y recuerdos de sus discípulos, un resúmen de los últimos 25 años de trabajo del Instituto y el índice de los primeros cien números de esta Colección.

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...