Empresario, competencia y propiedad industrial

Quien no se pregunta de dónde venimos es porque tampoco le interesa saber hacia dónde vamos y ni siquiera en qué paraje estamos. Este y no otro sería el efecto de una enseñanza de las ciencias penales limitada a los discursos pretendidamente tecnocráticos. Incluso los modelos ofrecidos por la dogmática jurídico-penal sin programas políticos destinados a ser aplicados por un poder del gobierno, como es el judicial. No se trata de nuevos productos como si fuesen series de automotores, sino de programas confeccionados conforme a ideas que responden a cierto marco ideológico con una...

Si se me pregunta cuál es el método que elegí para conformar mi Tratado en tres volúmenes, diré que está basado, principalmente, en un método cronológico y biográfico, desde donde se describe, año con año, la evolución del Derecho penal moderno. De ahí que, en este primer volumen, se describen, por una parte, 200 años del progreso del Derecho penal, y por otro lado, las aportaciones principales de cien penalistas, con una especial referencia a la obra de Feuerbach, Binding y Claus Roxin.

Una de las tareas más necesarias, a la par que más ilusionantes, es ir descubriendo y analizando las “tradiciones comunes” de los Estados que sucesivamente van integrando la Unión Europea, dado que ese es un punto de referencia obligado como criterio hermenéutico en relación con los derechos humanos, recogidos en la Carta de Derechos fundamentales y luego en el Proyecto de Constitución de la Unión. Se trata evidentemente de un trabajo de Derecho comparado que exige el previo estudio de los Derechos de cada uno de esos países, no sólo del Derecho vigente, sino también de su...

Obra general sobre la responsabilidad jurídico-sanitaria: en el ámbito civil se aborda la responsabilidad por medicamentos y la carga de la prueba que incumbe al paciente; en el penal, la imprudencia médica y sus consecuencias punitivas, tanto en el trabajo individual como en equipo; en el administrativo, los requisitos, la acción y el procedimiento de exigencia de responsabilidad a la Administración sanitaria. Todo ello sin desatender las implicaciones constitucionales y financieras que afectan a esta materia.