El procedimiento administrativo aduanero de la importación ordinaria

La Ley 3/2021 modifica ampliamente el ordenamiento jurídico privado para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sustituyendo el régimen de modificación de la capacidad por los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica. En esta obra se analizan los trámites procesales que sirven para que el juez establezca los apoyos a las personas con discapacidad: los expedientes de jurisdicción voluntaria para el control de la actuación del guardador de hecho y nombramiento de defensor judicial, así como el nombramiento de curador a través...

Conjunto de cuestiones novedosas para nuestro medio que, aunque comportan cambios en las ideas respecto de las relaciones económicas en favor de las que subyacen e n las economías de mercado, son supremamente útiles y nada difíciles de asimilar por quienes tengan interés o necesidad de hacerlo y que ayudan enormemente a generar la "cultura de la competencia", y que en buena parte ter-minan siendo la esencia de las economías que sobresalen por ir más allá de considerar la libertad económica como una mera formulación verbal y muchas veces retórica al servicio de quien sabe qué tipo...

Entre las finalidades de la acción administrativa, bajo los nuevos axiomas de reforma del Derecho Administrativo, se cita la transparencia. Un elemento clave de la actuación pública que se ancla en el principio democrático y que requiere de una publicidad en sentido amplio. En este panorama, y vinculado con la idea de los ámbitos de referencia, el Derecho de contratos manifiesta la situación actual del Derecho Administrativo, donde se ha reflejado la influencia del Derecho europeo. Así pues el Derecho de contratos ha sufrido cambios importantes en los últimos años, entre ellos la...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.