Repercusiones de la radicalización yihadista en la Seguridad Europea, Mediterránea y Latinoamericana

El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Convenio 187 de 2006 de la OIT y, así mismo modificó el término de prescripción de las prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición de accidente de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación de causalidad de las enfermedades laborales, amplió los grupos de trabajadores afiliados al...

El Derecho penal de la posmodernidad exhibe simultáneamente dos caras opuestas. En una de ellas, el sujeto sólo responde por la lesión del valor tutelado, la pena adquiere funciones preventivas y no se interrumpen las garantías constitucionales. En la otra, por el contrario, el sujeto aparece como emanación de peligro, como un riesgo para la seguridad del Estado. Hablamos entonces de un singular Derecho penal de excepción cuyo fin es combatir peligros, esencialmente, a través de las medidas de seguridad. un Derecho en el que no se estima tanto la acción como el riesgo potencial para...

Los autores de esta obra acudieron a las diferentes fuentes del derecho internacional, realizando una recopilación histórica y por materias de los aspectos propios del derecho penal internacional. Este texto incluye solo los temas sustanciales y no procedimentales del derecho penal internacional: es decir, se relacionan los instrumentos jurídicos internacionales que sirven de base dogmática para el estudio de las instituciones del mencionado derecho, dejando de lado tratados sobre asistencia judicial, extradición o mecanismos internacionales de cooperación judicial entre los países....

La utilización de un inmueble como vivienda exige no sólo la viabilidad material de éste, que posibilite un uso residencial, sino que requiere también que respete la legalidad urbanística, así como las normas de habitabilidad, seguridad y salubridad. El control del cumplimiento de estas normas corresponde a las Administraciones Públicas, a través del otorgamiento de las correspondientes licencias (de obras y de primera ocupación). El hecho de que un inmueble que pretende destinarse a un uso residencial no sea susceptible de obtener estas licencias administrativas determina la...