La sociología

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.

Las iniciativas regulatorias de protección a los usuarios adoptadas por países con mercados en ambiente convergente se basan entre otras en el establecimiento de comités consultivos para el consumidor y foros para promover su participación en la formación de políticas imposición de la obligación de servicio universal desarrollo de agendas específicas sobre los objetivos prioritarios de la política introducción de iniciativas regulatorias específicas para mejorar opciones del consumidor como la preselección y portabilidad numérica el desarrollo de estándares y códigos de...

Esta octava edición, cerrada a 31 de mayo de 2011, revisa, actualiza y amplía la que constituye una de las más completas compilaciones de la legislación mercantil española. Tras los preceptos integrantes de la Constitución económica y del Código de comercio, el texto incluye las disposiciones vigentes en materia de registro mercantil, auditoría de cuentas y arbitraje, sociedades de capital, anónimas y de responsabilidad limitada, sociedades laborales, cooperativas, de garantía recíproca, Agrupaciones de Interés Económico, Uniones Temporales de Empresas y sociedades...

El ciudadano y el poder público (el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración) es un ensayo que trata un tema de palpitante y rabiosa actualidad, sobre todo en un momento de crisis general. El ciudadano, en efecto, ya no es un sujeto inerme, mero recipiendario de bienes y servicios públicos o de interés general. Ahora, en el marco del Estado social y democrático de Derecho, el pueblo, individual y conjuntamente considerado, es el verdadero dueño y señor, el soberano, de los poderes públicos. Por eso la Administración pública debe actuar con diligencia...