La buena fe en la restitución de tierras

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario. Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.

Nuestro punto de partida es que estamos ante un derecho administrativo de la regulación por la configuración de la tríade regulatoria. La tríade regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; el cumplimiento normativo (compliance), por otro; y la fiscalización, por otro. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, y cada cual cumple un papel o una función, pero deforma interrelacionada, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del derecho administrativo.

El presente libro es una obra colectiva que abarca, de manera sistemática, el conjunto de temas que hoy son relevantes en una teoría general de los derechos fundamentales. En el desarrollo de cada uno de los temas de la teoría general se utilizan las disposiciones constitucionales contenidas en la Constitución de 1980. Sin embargo, porque se trata de una teoría general, la sistematización y análisis que se realiza tiene validez con independencia del contenido concreto de los preceptos constitucionales vigentes. Entre las tareas que el libro asume como conjunto destacan: la...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.