Contra la tradición

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley de Imprenta, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.

El tema de este libro busca justificar una posición fuertemente igualitaria del derecho a la educación. El trabajo se enmarca fundamentalmente en el ámbito del derecho constitucional (y convencional), aunque se realizan ciertas incursiones en el plano de la filosofía política. El propósito general es sostener que la concepción tradicional de la igualdad (como igualdad formal o como no discriminación) es insuficiente para garantizar efectivamente el derecho a la educación (“tesis de la insuficiencia”). Para superar esta limitación se propone adoptar un concepto mas robusto de...

Elaborado por UNODC. Una respuesta ante el terrorismo efectiva y centrada en la prevención ha de incluir un sólido elemento de justicia penal orientado por un marco jurídico normativo e integrado en los principios básicos del estado de derecho, las garantías procesales y el respeto de los derechos humanos. Los autores de actos de terrorismo tal como están definidos en los instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo son criminales, y, por lo tanto, deben ser enjuiciados en el marco del proceso de justicia penal por cuanto se trata del mecanismo más apropiado y justo para...

Obra general sobre la responsabilidad jurídico-sanitaria: en el ámbito civil se aborda la responsabilidad por medicamentos y la carga de la prueba que incumbe al paciente; en el penal, la imprudencia médica y sus consecuencias punitivas, tanto en el trabajo individual como en equipo; en el administrativo, los requisitos, la acción y el procedimiento de exigencia de responsabilidad a la Administración sanitaria. Todo ello sin desatender las implicaciones constitucionales y financieras que afectan a esta materia.