La homologación judicial de acuerdos de refinanciación

La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa calificación. Para ello, se ...

A pesar de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el número de nacionales británicos que van a seguir visitando y residiendo en nuestro país no es baladí y hace que el tratamiento de las sucesiones internacionales de estos ciudadanos siga siendo un tema de gran relevancia. Por este motivo, resulta de gran interés y utilidad el estudio y análisis de aquellos aspectos relativos al derecho sucesorio, tanto desde la perspectiva del Derecho material inglés cuanto de las normas de Derecho internacional privado del Common law y de la Unión Europea aplicables en esta materia, con...

En este libro el autor carga las tintas en reivindicar el protagonismo que debe tener la legislación deportiva en el «deporte en el medio natural», con relación a otros sectores del Ordenamiento jurídico como el ambiental o el turístico. El trabajo se desarrolla a través de una línea descendente de lo general a lo particular, como sucede con la crítica en la gestión actual de los Espacios Naturales Protegidos con sus propuestas alternativas; así como el papel tan decisivo que desempeña el deporte en el desarrollo sostenible, al igual que la intervención pública cada vez más...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.