De la nulidad procesal a la anulación del Derecho procesal

Las casos judiciales mediáticos son fáciles de identificar con la Política y la corrupción del poder, lo que en buena medida radica en la perenne crítica a la elección de los miembros de tribunales superiores, y también del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoría de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en órganos judiciales ajenos a ese interés partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representación del colectivo judicial viene reiterándose en los últimos años, es a no dudarlo el protagonista último y principal del incumplimiento sistemático y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicación de tan paradójica y vergonzante situación se asienta, por lo general, en dos grupos de causas, la ignorancia del siempre se ha hecho así y la mera comodidad. A fin de sostener estas afirmaciones se han repasado diversas instituciones jurídicas manipuladas en el día a día judicial por marginar las normas en vigor y el recto entendimiento de principios jurídicos y valores constitucionales, tomando como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garantías del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa, singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas víctimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsión de personas de nacionalidad extranjera antes o durante su enjuiciamiento criminal, añadiendo a lo anterior ejemplos específicos de una técnica de evitación procesal que agrupa cuestiones vinculadas con la nulidad y el derecho de defensa y la relación conflictiva entre jueces de instrucción y jueces de lo penal: la necesidad de conocimiento por parte del inculpado de los hechos criminosos que durante la instrucción de la causa se imputan, primero, y se acusan, después. El autor es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como una docena de monografías y ocho obras en colaboración. Asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, integró la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003 siendo miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas. Desde febrero de 2000 ejerce la jurisdicción: por concurso en Barcelona, por oposición desde 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. Está casado y es padre de cuatro hijos.